El curso de los recortes.

Empieza el curso de los recortes. No quiere decir esto que en cursos anteriores no hubiera habido recortes, porque haberlos, los ha habido desde que empecé en esto de la educación pública allá por los años noventa del siglo pasado, sino porque este año los recortes han sido mucho más grandes que antes.
En cursos anteriores ampliaban el calendario escolar, o aumentaban un poco la ratio, o tardaban más en hacer llegar a los centros las sustituciones... pero este año, fuera las caretas, se aplican todos a la vez y sin disimular.
Hay quien afirma que estas medidas tienen como objetivo acabar con la educación pública de calidad y favorecer el negocio de la educación privada, concertada o no. Y aunque las medidas van, en parte, en esa dirección, la crisis económica que sufrimos desde hace cuatro años hace que las empresas, también las empresas educativas, no puedan aprovechar esta rebaja en la educación pública.
Dice el principio de Hanlon que no hay que atribuir a la maldad lo que puede ser explicado por simple estupidez. Y pese a las múltiples mentiras que los gestores de la educación pública vierten continuamente negando los recortes, hablando de las mejoras que están llevando a cabo o del componente ideológico de las medidas que aprueban, no creo, no quiero creer, que todo sea un plan para acabar con la enseñanza pública. Creo, quiero creer, que es simple estupidez.
Lo único que realmente lamento es que todas estas medidas y recortes me impiden desarrollar mi trabajo adecuadamente. Que con grupos con más de treinta alumnos me resulta imposible atenderlos con la dedicación que requieren y muchos de ellos no podrán superar el curso por esta falta de dedicación. Que con siete asignaturas diferentes que impartir semanalmente no podré preparar las clases con el cuidado que merecen y los alumnos no recibirán las explicaciones y los refuerzos que necesitan.
Pero no pienso tirar la toalla y seguiré luchando para que mis alumnos reciban la mejor educación de la que soy capaz.

La encrucijada del PSOE

Tras las elecciones, la pelota ha acabado en los tejados de IU y PSOE.
Es difícil que IU actúe en Andalucía como lo hizo en Extremadura. No porque le falten motivos, sino porque si deja el gobierno andaluz en manos del PP permitiría la España monocolor, dejaría en manos del PP todo el poder del estado, tras el previsible pacto FAC - PP en Asturias, y le facilitaría la continuación de su política de recortes sociales. Es algo que sus votantes no comprenderían y haría retroceder a IU a los inicios del siglo XXI, cuando su apoyo electoral se hundió hasta los dos diputados de la anterior legislatura.
¿Qué hará el PSOE una vez conseguido el gobierno andaluz? La política económica del PSOE, cuando ha gobernado, no ha diferido en demasía de la aplicada por el PP, no debemos olvidar que los recortes sociales empezaron con Zapatero y las políticas de privatización de empresas públicas y de beneficios fiscales a empresas y rentas altas comenzaron ya con Felipe González.
En 1996 y en el 2000, cuando el PSOE perdió la mayoría absoluta en el parlamento andaluz, formó alianza con el Partido Andalucista.  Pero ahora el PSOE no tiene la muleta andalucista en la que apoyarse.
Alcanzar un pacto de legislatura con IU supone un cambio radical en las políticas económicas que han llevado a cabo. No llevarlo a cabo implicaría un reconocimiento explícito de su alejamiento de la izquierda y abandonarse en manos del PP.

El banco malo

Uno de los planes que se ultiman para combatir la crisis a la que nos ha llevado el poder financiero es la creación de un banco malo, un banco público que asuma los activos tóxicos de la banca española, en su mayor parte deuda hipotecaria incobrable. De esta forma los bancos dispondrían de liquidez para la concesión de préstamos y el relanzamiento económico.
Cuentan los expertos que nos han llevado a esta situación que la banca española posee entre 100.000 y 150.000 millones de euros de activos tóxico, ligados al ladrillo e incobrables. Sin embargo, en los balances que presentan a la CNMV y al Banco de España, esos mismos bancos presumen de unos beneficios, en los primeros nueve meses de este año, de más de 9.500 millones de euros y repartieron un dividendo de más de 0'5 €/acción el año pasado. ¿Cómo es posible que necesiten que el Estado asuma una parte de sus balances y, al mismo tiempo, obtengan beneficos multimillonarios y se repartan suculentos dividendos?
Si la banca española tiene dificultades de liquidez no puede, al mismo tiempo, generar beneficios que se reparten entre directivos y accionistas y solicitar ayudas del Estado que pagaremos entre todos. O están falseando sus balances, lo que es un delito, o no necesitan que el Estado cree un banco malo para hacerse cargo de sus activos vinculados a la burbuja inmoniliaria.
Si resulta imprescindible que el Estado asuma esos activos, si es inevitable la creación de ese banco, debe ir acompañada por el enjuiciamiento y encarcelación de los directivos de la banca española, la incautación de sus sueldos y la enajenación de su patrimonio, con el fin de hacer frente tanto a la multa de que se han hecho acreedores como para reponer el patrimonio que han quitado de los bancos al repartirse unos beneficios que no existían.

Un gobierno en funciones no puede aprobar la ley Sinde

Ante la previsible aprobación de la polémica “Ley Sinde”, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet seguimos manifestando –como hicimos en el  Manifiesto de 2 de Diciembre de 2009-  nuestra firme oposición a una norma que incluye  modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet.  En principio no parece de recibo que un Gobierno en funciones adopte esta decisión en su último Consejo de Ministros. Sería doblemente grave que se confirmaran las presiones ejercidas por EEUU, a través de su embajada en Madrid, como revelaron los cables de Wikileaks.

En todo caso insistimos en estos razonamientos:
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la
privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela
judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo
competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia.
Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de
la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo
dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los
ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector
tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de
desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de
empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando
su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y
entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances
tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y
emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen
prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de
multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir
de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y
actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios
legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este
nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se
basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es
posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro
modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para
sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y
que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones
tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias
políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos
modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo
libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la
Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco
para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al
futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad
intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el
conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las
entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras
el oportuno debate público  y habiendo consultado previamente a todas
las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios
legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no
orgánica y que versa sobre otra materia.
Pásalo. Publícalo.

Lope

Cuadringentésimo cuadragésimo noveno aniversario del nacimiento de Félix Lope de Vega Carpio, fénix de los ingenios y monstruo de la naturaleza, escritor de más de 1000 comedias y 3000 sonetos. ¿Qué mejor forma de conmemorarlo que leyendo uno de estos últimos:
El humo que formó cuerpo fingido,
que cuando está más denso para en nada;
el viento que pasó con fuerza airada
y que no pudo ser en red cogido;
el polvo en la región desvanecido
de la primera nube dilatada;
la sombra que, la forma al cuerpo hurtada,
dejó de ser, habiéndose partido,
son las palabras de mujer. Si viene
cualquiera novedad, tanto le asombra,
que ni lealtad ni amor ni fe mantiene.
Mudanza ya, que no mujer se nombra,
pues cuando más segura, quien la tiene,
tiene polvo, humo, nada, viento y sombra.

21N

España, hoy, es un poco menos bipartidista que ayer. PP + PSOE suman el 73% de los votos emitidos por el 83% que obtuvieron en 2008. La victoria del PP, la mayor de su historia, no es tan absoluta como muestran los escaños: apenas obtiene medio millón de votos más que en 2008 con un censo que ha aumentado en millón y medio de ciudadanos.
Que el partido más votado haya obtenido una mayoría absluta con menos votos de los que tuvo el PSOE hace 4 años (y con los que sólo consiguió mayoría relativa) con ser preocupante (el sistema electoral no es representativo) no lo es tanto como que PP tenga una base electoral tan firme.

Tampoco se trata del voto de castigo al PSOE por una gestión de la actual crisis económica alejada por completo de sus promesas electorales y de los deseos de sus votantes que presentaba a un candidato salpicado por su presencia en el gobierno y con promesas electorales anticrisis que no había aplicado cuando era vicepresidente.
Se trata de los casos de corrupción que asolan las listas del PP, de la nefasta gestión en la ciudad de Madrid con una deuda que iguala a la suma del resto de municipios capitales de provincia o de la política de recortes sociales que han llevado a cabo en Madrid, Galicia o Castilla - La Mancha y que no tienen reflejo en sus resultados electorales. Se trata de un partido político que se presenta a unas elecciones generales con un programa político ambiguo, repleto de vaguedades y completamente vacuo, que ha pasado cuatro años en el parlamento sin realizar una sola aportación para superar la crisis económica. Y que pese a todo esto, mantiene su suelo electoral.
Esto es lo realmente grave: la falta de reflexión y espíritu crítico del electorado de derechas español. Un electorado que mantiene su voto sea cual sea el candidato que se presente, sea cual sea su programa de gobierno y sea cual sea su gestión previa.

El cambio

Que "los mercados", es decir, las grandes corporaciones financieras multinacionales nos gobiernan sólo era desconocido por unos pocos. Frente a ellos, los gobiernos tenían poco margen de maniobra y muy escasos recursos de control.Tras el estallido de la crisis en 2008, y durante un breve tiempo, parecía que los gobiernos democráticos iban a modificar esto y con la refundación del capitalismo pregonada por Sarkozy y el G-8, primero, y el G-20 después, "los mercados" iban a tener que dar cuenta a la ciudadanía de sus actuaciones e iban a tener que actuar en función del bien público.
Tres años después hemos comprobado como esas promesas quedaban en nada y que la refundación del capitalismo consistía en socializar las pérdidas, que pagan los menos pudientes, mientras se privatizan los beneficios, que van a parar a las mismas manos de siempre.
En Europa, además, con la crisis del euro, hemos asistido a otro espectáculo: el recorte del estado del bienestar, sacrificado en las aras de "los mercados". No sólo aupan a los gobiernos, sino que, durante estos tres últimos años, "los mercados" han estado dictando las políticas económicas que debían implementarse. Desregulación del sistema de empleo, bajada de salarios y pensiones, recortes en los seguros por desempleo, privatización de servicios públicos esenciales y de empresas públicas con beneficios son sólo algunas de las medidas que las grandes corporaciones han impuesto a los gobiernos europeos, todas ellas a espaldas y en contra de los ciudadanos.
Pero esta última semana hemos asistido a una nueva vuelta de tuerca de esta situación. "Los mercados" no sólo dictan las políticas de los gobiernos, ahora también los ponen y quitan a su antojo, como ha ocurrido en Grecia e Italia. Y en el primer caso por el pecado de proponer que fueran los ciudadanos los que decidieran su futuro.
El próximo 20 de noviembre, el cambio no está en decidir entre PSOE y PP, ambos partidos sometidos a los dictámenes de las multinacionales, sino en dar cabida y poder de decisión a aquellos partidos que no anteponen a los intereses de los ciudadanos los intereses del sistema financiero multinacional.
El 20N no votes PSOE ni PP, vota por un cambio real.